Inés Gómez Mont no es una buena madre, según su ex suegra
Inés Gómez Mont esta acusada de defraudación fiscal y lavado de dinero por parte de las autoridades mexicanas
Inés Gomez Mont en los Premios TVyNovelas | Mezcalent
En el 2021, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, fueron señalados por estar involucrados en negocios irregulares por parte de las autoridades mexicanas. Debido a esto, la presentadora de televisión tuvo que mudarse a su residencia en Miami, dentro de los Estados Unidos, con el objetivo de resguardarse junto a sus hijos.
A esto, su ex suegra Tita Bravo abogó porque sus nietos; Inés, Bruno, Diego y Javier quedarán bajo la custodia de Javier Díaz Bravo ante los problemas legales que enfrenta su madre. A través de una entrevista con el programa ‘Sale el Sol’, la mexicana contó su opinión. “Desde septiembre se lanzó esto de la ficha roja, pero siempre hay obstáculos. Pero mis nietos no tienen que estar metidos en ese tema, ellos no tienen nada que ver con eso. La ley dice que cualquier tema van con su papá, mi hijo está vivo, entonces no es lo que diga la señora“, señaló.
Inés Gómez Mont ganó la custodia legal de sus hijos años atrás cuando se separaba del empresario Bravo. “Mi hijo tiene el derecho de ver a sus hijos, si la señora se compra bolsas o no se compra es su problema”, dijo.
Además, detalló que Gómez Mont no sabe cuidar a sus pequeños, ya que en una oportunidad, con Inésita, ocurrió un accidente. En ese entonces no sabía como bañar a la bebé y la tiró. Ante los golpes, tuvo que llevarla al hospital de emergencia para que la atendieran. “Siempre dan favoritismo a la señora Inés y quiero decirles que en Acapulco dañó a su hija porque, como nunca la bañaba, se le cayó. Mi nieta, con la frente sangrando, se tuvo que ir a un hospital. Les digo esto para que no nada más hablen de mi hijo“, expresó Tita Bravo.
No hay que olvidar que la Interpol emitió ficha roja para la pareja luego que fueran señalados por defraudación fiscal y lavado de dinero por tres mil millones de pesos mexicanos (146 millones de dólares) entre 2016 y 2017 por contratos con el OADPRS desde dos empresas factureras. “Primero, que el Procurador Fiscal, el señor Carlos Romero Aranda, inició un procedimiento penal en nuestra contra, aún y cuando no tenía facultades legales para hacerlo. No estaba autorizado legalmente. De ese tamaño su sed de persecución en nuestra contra. Pero al parecer era más importante para esas autoridades que yo fuera juzgada y condenada en el foro de la opinión pública”, dijo la conductora en su cuenta de Instagram.
“Es lamentable pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe. El juez ordenó encarcelarnos en una prisión de máxima seguridad”.
