Shakira es acusada de seis delitos en España y podría ir a la cárcel
El procedimiento aún está en fase de instrucción y la Shakira ofrece su disposición absoluta a colaborar para solucionar la diferencia de criterio
Shakira Crédito: Mezcalent
En abril de este año, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España ratificó que Shakira defraudó por 17.4 millones de dólares (350 millones de pesos mexicanos) a Hacienda entre los años 2012 y 2014.
De acuerdo a medios internacionales, un perito designado por la defensa de la cantante colombiana y un inspector de la AEAT comparecieron este jueves ante el juzgado de Barcelona. La principal discusión fue si estrella vivió en España más de 183 días al año, tiempo mínimo para adquirir la condición de residente fiscal.
La artista de 44 años acusada de fraude fiscal en España trata de echar para abajo dicha acusación a través de su defensa, asegurando que disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas y que hasta 2015 su presencia en España no superó el plazo que la obliga a tributar.
La querella de la Fiscalía se basa en informes de la AEAT que sostienen que Shakira eludió el pago de impuestos a la Hacienda española, simulando que no residía en ese país y ocultando su renta a través de un entramado societario con sede en paraísos fiscales.
Mientras que su defensa argumenta que, durante los ejercicios investigados, ésta disponía de un certificado de residencia permanente en Bahamas, acreditación que los inspectores españoles no reconocen a efectos de residencia fiscal.
En su declaración ante el juez como investigada, la cantante sostuvo que antes de 2015 sólo visitaba puntualmente la capital catalana con motivo de su relación con el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, con quien comenzó una relación en 2011 y tiene dos hijos, nacidos en 2013 y 2015.
Más allá de los días de residencia efectiva, las partes no discuten ni la cuota defraudada -que la cantante ya devolvió a Hacienda- ni el entramado de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo con las que canalizaba los beneficios de su actividad profesional.
En su querella, la Fiscalía acusa a Shakira y a su asesor fiscal en Estados Unidos de seis delitos contra la Hacienda pública y les acusa de preparar un «plan para no pagar los impuestos que le correspondían», utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía.
Además, la intérprete suscribió acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados ‘Tax Ruling’, para lograr unas condiciones «específicas y privilegiadas de tributación», cuando ya residía en España y tenía la obligación de pagar sus impuestos en ese país.
En total, la querella estima en 14.5 millones de dólares la cantidad que debió tributar por IRPF (Impuesto sobre las Rentas Percibidas) de 2012, 2013 y 2014 y en casi 2.6 millones de dólares lo que debió pagar a Hacienda por el patrimonio de que dispuso en esos años.
«El procedimiento aún está en fase de instrucción y la cantante ofrece su disposición absoluta a colaborar para solucionar la diferencia de criterio», asegura un comunicado de su defensa.
